Permisos de trabajo en Georgia: múltiples empleadores, teletrabajo y los límites del nuevo régimen

Qué establece el nuevo informe

El 15 de octubre de 2026, BM publicó las inquietudes expresadas por el abogado de GLCC, Enri Abuladze, sobre la gestión administrativa del sistema de autorización de trabajo para extranjeros en Georgia. Los ejemplos atañen al trabajo para varias empresas y a empleados extranjeros que visitan Georgia mientras desempeñan habitualmente sus labores en régimen de teletrabajo. Se trata de observaciones atribuidas a un profesional en ejercicio; el informe no contiene un expediente administrativo ni una resolución judicial que siente una interpretación de alcance universal.

Por consiguiente, la cuestión práctica es más acotada que determinar si todo visitante extranjero necesita un permiso de trabajo: ¿qué actividad, qué empleador y qué ubicación física sitúan a una persona dentro del ámbito de aplicación de la actual Ley de Migración Laboral? La nacionalidad por sí sola no permite responderlo. La residencia permanente, otras excepciones legales y la naturaleza real del acuerdo comercial también son determinantes.

Examine las exclusiones antes de elegir una solicitud

El artículo 1 de la Ley de Migración Laboral define la actividad regulada y las exclusiones de su ámbito de aplicación. Entre ellas figuran el teletrabajo íntegro para un empleador local cuando la labor no exija la entrada en Georgia, así como el trabajo o los servicios prestados a favor de un no residente que guarden relación con las actividades de dicho no residente fuera de Georgia. Se trata de supuestos de exclusión distintos. Un contrato suscrito con una empresa extranjera debe analizarse a la luz de esta segunda disposición; calificar un empleo de «remoto» no exime de verificar sus condiciones efectivas.

Por ejemplo, un empleado que por lo general permanece en el extranjero pero viaja a Georgia para desempeñar funciones locales podría dejar de encajar en la primera exclusión durante el ejercicio de dichas tareas. A la inversa, el texto relativo a los servicios para un no residente requiere un análisis propio y no debe descartarse por el mero hecho de que el contratista utilice un ordenador portátil en Tiflis. Las pruebas relativas a la residencia del cliente, su actividad comercial, las prestaciones entregables y el lugar hacia el que se dirigen los servicios resultan más determinantes que una denominación genérica del puesto.

Pluralidad de empresas y trabajo por cuenta propia

El artículo 13⁵, apartado 7, vincula la autorización de trabajo de una persona empleada a un empleador local determinado. Dos empresas pertenecientes a un mismo grupo mercantil siguen considerándose empleadores independientes si los contratos y las personas jurídicas son distintos. La denominación del grupo societario no amplía por sí misma el alcance de la autorización. Por el contrario, ese mismo apartado define la autorización de los trabajadores por cuenta propia por especialidad o sector de actividad, sin consagrar una regla general que obligue a obtener una autorización por cada cliente. La calificación indebida de una relación laboral como prestación de servicios independientes puede acarrear riesgos adicionales.

El artículo 13⁴ atribuye la tramitación de la solicitud de la persona empleada al empleador local una vez celebrado el contrato de trabajo; quien ejerza una actividad por cuenta propia presenta la solicitud directamente. Ello convierte la adecuada redacción contractual y la correcta identificación del solicitante responsable en elementos centrales para el cumplimiento legal. La promesa de un intermediario según la cual un único documento ampararía cualquier actividad futura debe cotejarse frente al alcance efectivo de la resolución administrativa emitida.

Coordinación necesaria entre la autorización de trabajo y la residencia

De conformidad con el artículo 13⁵, quien se encuentre fuera de Georgia debe, por regla general, solicitar un visado D1 en el plazo de 30 días naturales a partir de la obtención del derecho a trabajar; quien ya se encuentre en territorio georgiano debe solicitar, con carácter general, el permiso de residencia por trabajo o IT pertinente en el plazo de 10 días naturales. El apartado 2 prevé excepciones, entre las que se incluyen contar previamente con un permiso de residencia georgiano y la modalidad de teletrabajo íntegro contemplada legalmente. Se trata de plazos para presentar la solicitud, no de garantías de concesión del estatus migratorio.

La entrada y estancia legales siguen rigiéndose por la independiente Ley sobre el Estatuto Jurídico de los Extranjeros y las Personas Apátridas. No debe asumirse que la presentación de una solicitud laboral prorrogue el periodo de estancia autorizado a un visitante. El artículo 13⁵, apartado 8, permite la impugnación judicial en el plazo de un mes a partir de la notificación, mientras que el apartado 9 advierte de que la mera interposición del recurso no genera el derecho a trabajar ni suspende la obligación de salida o expulsión.

Dossier práctico para empleadores y trabajadores que se desplacen al país

• Identificar con precisión cada entidad contratante, su residencia, el centro de trabajo y las funciones desarrolladas durante las visitas.
• Determinar la exclusión legal concreta, si corresponde, y conservar las pruebas que la respalden.
• Asegurar la debida correspondencia entre el trabajo previsto y el empleador o sector consignado en la autorización.
• Agendar de forma diferenciada los plazos relativos al trabajo, el visado y la residencia; solicitar una resolución por escrito cuando se discuta el criterio de una autoridad.

El informe de octubre justifica un examen más riguroso de la práctica administrativa, pero concluir de forma categórica que «todos los teletrabajadores necesitan permiso» soslayaría las exclusiones legalmente establecidas. Para conocer las consecuencias de una resolución migratoria desfavorable, consulte nuestro análisis sobre las garantías frente a la expulsión.

Fecha de comprobación jurídica

Fuentes y normativa comprobadas a 15 de octubre de 2026. Los cambios posteriores no se incorporan automáticamente. La aplicación de las normas depende de los hechos de cada caso.