Directrices del Reino Unido sobre generadores de imágenes íntimas: riesgos jurídicos para desarrolladores y proveedores transfronterizos

Nuevas directrices explican un delito ya existente

El Ministerio del Interior británico publicó directrices policiales sobre generadores de supuestas imágenes íntimas el 15 de octubre de 2026. El delito fue introducido mediante la Ley de Delincuencia y Vigilancia Policial de 2026 (Crime and Policing Act 2026) y entró en vigor el 29 de junio. La publicación de octubre explica la aplicación de una disposición ya existente; no es la fecha en que la conducta prohibida se tipificó penalmente por primera vez.

La guía se refiere a herramientas presentadas o diseñadas para generar supuestas imágenes íntimas de personas. Para las empresas de software, incluidos los desarrolladores radicados en Georgia con vínculos con el Reino Unido, las cuestiones pertinentes van más allá de dónde trabaja físicamente un programador. El producto, la conducta de cada participante y las normas legales sobre competencia territorial resultan determinantes.

La función y las circunstancias importan más que una etiqueta de conveniencia

El artículo 99 de la Ley de 2026 incorporó los artículos 66I a 66L a la Ley de Delitos Sexuales de 2003 (Sexual Offences Act 2003). La guía oficial explica conductas que comprenden la creación, adaptación, suministro y ofrecimiento de suministro de un elemento pertinente. La disposición puede aplicarse a software, servicios o información electrónica, y no únicamente a un dispositivo físico.

La valoración legal toma en cuenta lo que concluiría una persona razonable atendiendo a las circunstancias. Por tanto, una empresa debe examinar la funcionalidad real, la presentación y la distribución. Denominar a un producto como un editor general de imágenes no resuelve por sí solo cómo se aplica la ley a una función comercializada para representaciones íntimas de personas identificables.

Las medidas de salvaguardia requieren pruebas

El artículo 66I contempla una defensa que exige probar que se adoptaron todas las medidas razonables para impedir la creación de supuestas imágenes íntimas sin el consentimiento de la persona. Determinar si procede dicha defensa constituye una cuestión jurídica y probatoria. Una declaración en los términos del servicio no debe considerarse una solución garantizada sin un examen minucioso del producto y de las medidas efectivamente adoptadas.

La gestión práctica puede abarcar la documentación de los usos previstos, la evaluación del uso indebido previsible, la restricción de funcionalidades perjudiciales y el registro de la tramitación de las denuncias. Se trata de aspectos sujetos a una evaluación jurídica y técnica personalizada, no de una declaración de que un determinado conjunto de controles otorgue inmunidad. Conservar la justificación de las decisiones de diseño puede resultar tan importante como conservar el documento de políticas.

El delito tiene límites definidos

La guía distingue este delito, centrado en el proveedor, de otros delitos relativos a la creación o difusión de imágenes íntimas. Asimismo, aclara que la mera posesión no está tipificada en esta disposición en particular. Esa delimitación estricta no debe interpretarse como una afirmación de que toda conducta relacionada con dicho material sea lícita; pueden resultar aplicables otros tipos delictivos independientes.

La pena máxima en juicio por acusación formal descrita en la guía es de tres años de prisión, una multa ilimitada, o ambas sanciones. Se trata de un máximo legal, no de la condena aplicable a todos los casos. Las decisiones de formulación de cargos, la práctica de la prueba, las defensas y la individualización de la pena continúan siendo cuestiones individuales. La presunción de inocencia asiste a toda persona acusada.

Las empresas extranjeras requieren un análisis de jurisdicción

Estas disposiciones operan dentro del marco jurídico de Inglaterra y Gales, con normas expresas de extraterritorialidad. Una empresa georgiana debe identificar cualquier constitución societaria en el Reino Unido, nacionalidad relevante u otra conexión legal aplicable, en lugar de presumir una jurisdicción universal británica o una protección absoluta por el hecho de operar en el extranjero. Las obligaciones aplicables a las plataformas y la responsabilidad penal también exigen un análisis diferenciado.

Toda empresa que evalúe un producto debe determinar quién lo desarrolla, quién facilita el acceso, quién gestiona la comercialización y quién recibe las denuncias por uso indebido. Los contratos pueden distribuir tareas entre distintas entidades, pero el análisis de derecho penal sigue examinando la conducta efectiva y el delito aplicable.

• Revisar el texto legal vigente junto con las directrices de octubre.
• Documentar las capacidades del producto, los usuarios previstos y el modelo de distribución.
• Evaluar las medidas de salvaguardia y los elementos de prueba que respalden cualquier defensa aplicable.
• Obtener asesoramiento específico sobre jurisdicción antes de lanzar funciones asociadas a riesgos de imágenes íntimas.

Quienes denuncien abusos deben conservar los mensajes y enlaces pertinentes, limitando al mismo tiempo la difusión innecesaria del material. Las nuevas directrices resultan especialmente útiles cuando ayudan a distinguir el delito aplicable al proveedor, otros delitos de abuso de imágenes y los procedimientos de protección a la persona afectada. No deben interpretarse como una norma universal aplicable a cualquier servicio de imágenes basado en inteligencia artificial.

Fecha de comprobación jurídica

Fuentes y normativa comprobadas a 21 de octubre de 2026. Los cambios posteriores no se incorporan automáticamente. La aplicación de las normas depende de los hechos de cada caso.