El Tribunal de la UE rechaza los plazos automáticos de espera de abogado: consecuencias de las sentencias de Hungría y Chequia para los sospechosos

Dos sentencias por incumplimiento el 22 de octubre

En los asuntos C-660/24 y C-681/24, el Tribunal de Justicia declaró que Hungría y la República Checa habían infringido el Derecho de la Unión mediante regímenes generales que permitían el interrogatorio sin abogado tras periodos de espera determinados. La reseña oficial del Tribunal señala dos horas en Hungría y 48 horas en la República Checa; este último régimen contemplaba asimismo el supuesto de un abogado inlocalizable.

El Tribunal estimó los recursos de la Comisión. Asimismo, abordó la aplicación por parte de Hungría de las garantías para la renuncia al derecho de acceso a un letrado. Se trata de sentencias por incumplimiento relativas a normativas nacionales. No determinan de forma automática la admisibilidad de cada declaración ni el resultado de cada proceso penal individual.

El transcurso del tiempo no constituye justificación jurídica

La Directiva 2013/48/UE salvaguarda el acceso práctico y efectivo a la asistencia letrada. El Tribunal precisa que las excepciones temporales deben ajustarse a los motivos taxativamente enumerados en el Derecho de la Unión. Una norma de carácter general basada en el mero transcurso del tiempo no puede constituir por sí misma una causa de justificación adicional.

Nuestra lectura práctica es que el atestado o registro de detención debe reflejar algo más que la hora en que se efectuó una llamada telefónica. Debe consignar las solicitudes de letrado, el contacto efectivo, la personación, los momentos de consulta y el motivo invocado para cualquier interrogatorio sin asistencia. Tales extremos permiten al abogado determinar qué garantía se encuentra afectada.

La presencia y la renuncia exigen un examen riguroso

El Tribunal afirma que el acceso comprende la presencia y la intervención efectiva del abogado durante el interrogatorio y, en principio, su presencia física. La firma de un formulario por parte del interesado debe valorarse en el marco de los requisitos aplicables a la renuncia, la información facilitada y las circunstancias reales. La mera ausencia del letrado no esclarece si medió una renuncia válida.

Un ciudadano extranjero puede afrontar obstáculos prácticos adicionales para comprender el proceso. Conviene dejar constancia de las solicitudes de interpretación, el idioma de los formularios y cualquier constancia de lo que se le haya explicado. El derecho a la defensa letrada y la posibilidad de comprender las comunicaciones son garantías vinculadas, pero cada una exige un análisis jurídico independiente.

Implicaciones para viajeros y asuntos transfronterizos

Un ciudadano georgiano detenido durante una estancia en un país de la UE debe recabar asesoramiento en la jurisdicción que instruya el asunto. La sentencia atañe a las normativas recurridas y al marco de la UE; no debe interpretarse como una reforma del procedimiento penal georgiano. Asimismo, la comunicación consular es independiente de la representación técnica y confidencial de la defensa.

Si ya se ha tomado declaración, un representante legal debe examinar el procedimiento y los recursos previstos por la normativa aplicable. No cabe asumir que cualquier irregularidad suponga automáticamente el sobreseimiento o archivo de la causa, ni tampoco que un plazo fijo de espera convalide la legalidad de la actuación. La sentencia refuerza la necesidad de una ponderación individualizada y motivada.

Elementos probatorios que deben recabarse con prontitud

• La hora y la redacción de las solicitudes de asistencia letrada.
• Los intentos de comunicación con el abogado y cualquier justificación sobre la demora.
• Los documentos de renuncia y el idioma en que fueron explicados.
• La cronología, los intervinientes y las circunstancias de cada interrogatorio o comparecencia.

Fecha de comprobación jurídica

Fuentes y normativa comprobadas a 23 de octubre de 2026. Los cambios posteriores no se incorporan automáticamente. La aplicación de las normas depende de los hechos de cada caso.