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Actos de autoridad pública, denegaciones, multas, licencias, permisos, solicitudes de información y revisión judicial.
La Ley de Licencias y Permisos establece un marco exhaustivo para los tipos de licencias y permisos, por lo que una nueva obligación de permiso necesita una base jurídica adecuada. Comience con la actividad real y distinga una licencia, permiso, registro y otras condiciones del sector, luego prepare el expediente de autoridad y los controles continuos.
Al recibir un acto de autoridad pública, conservar la resolución íntegra y la constancia de notificación, solicitar el expediente de la agencia y determinar si procede queja administrativa, reclamo directo o vía especial. Según el Código Administrativo General, el plazo de denuncia es generalmente de un mes desde la publicación o conocimiento oficial, y el registro generalmente suspende el acto sujeto a excepciones.
La revisión judicial examina la autoridad, el procedimiento, la evaluación de los hechos, la aplicación de la ley y los motivos; el reclamo debe buscar un remedio que el tribunal pueda otorgar legalmente.
Una disputa sobre un permiso a menudo combina zonificación, título, reglas técnicas, diseño presentado, intereses de terceros y procedimientos de agencia; El argumento jurídico debe fundamentarse en el expediente técnico.
Para impugnar una multa es necesario examinar la infracción exacta, la autoridad oficial, las pruebas y la notificación; El Código de Infracciones Administrativas tiene un punto de control general para la apelación de multas de 10 días, pero la categoría de infracción puede establecer una ruta diferente.
Una disputa tributaria debe separarse en transacciones, registros primarios, clasificación tributaria, método de evaluación, sanción y etapas de apelación; la siguiente apelación después de una decisión del Servicio de Impuestos generalmente tiene un plazo de 20 días.
Una solicitud de información pública debe identificar con precisión un registro o datos existentes; La información generalmente se emite inmediatamente o a más tardar en 10 días, mientras que una denegación debe notificarse inmediatamente y explicarse por escrito su ruta de apelación.
Impugnar un acto y suspender su aplicación son cuestiones distintas; Se debe equilibrar el daño, la urgencia, el interés público, los terceros y la aplicabilidad del resultado final. Según el Código de Procedimiento Administrativo, un tribunal puede suspender un acto cuando existan dudas justificadas sobre su legalidad o un riesgo de daño importante o irreparable, y una moción de suspensión puede evaluarse antes de que comience el procedimiento principal.
La impugnación requiere revisar el expediente y la decisión, la fecha de la notificación, los hechos, la autoridad y la evidencia.